Caso Barrenador.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio obligada a posponer la decisión sobre la nulidad de 9 partidas del contrato que dio origen al caso Barrenador, debido a la ausencia de un criterio jurídico.
Este jueves se tenía previsto analizar sobre la nulidad del contrato, contrataciones de urgencia y conocer los escenarios que enfrenta la institución por este caso. Ahora, el tema se analizará el martes 18 de marzo.
Juan Manuel Delgado, directivo representante del sector patronal, exigió a Andrey Sánchez, de la Dirección Jurídica, agilizar la emisión del criterio sobre la posible nulidad, ya que se solicitó una semana más para su presentación.
Pese a que la Dirección Jurídica ya ha emitido la recomendación de declarar nulidad en los contratos, desde la Gerencia Médica han solicitado múltiples ampliaciones del criterio. Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) anuló una de las partidas del contrato.
La urgencia del tema se debe a que el contrato que mantiene la CCSS actualmente con las cooperativas vence el 10 de julio, por lo que de no resolverse después de esa fecha podría darse una afectación en la prestación de los servicios médicos.
Caso Barrenador
La adjudicación del caso Barrenador abarca la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
Las cooperativas a las que se adjudicaron contratos con presuntos sobreprecios son Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
La Fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo sobre el cual habrían ejercido control. Además, se les señala por haber influido sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones en beneficio de las cooperativas.
Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo que pudo haber generado una ventaja indebida para estos.
Asimismo, se investiga el plazo de contratación del servicio adjudicado, ya que la Ley de Contratación Pública establece un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, en este caso se otorgó por 10 años.
Entre los detenidos en los allanamientos del pasado 23 de septiembre figuran la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez; María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la Junta Directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; así como Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y, tras quedar en libertad, se les impusieron medidas cautelares.
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Ambar Segura
